El uso de las reformas constitucionales como promesas de rescate en países latinoamericanos no pierde vigencia. Al contrario, los últimos años han demostrado que la promoción de estos cambios legales se han convertido en el arma favorita de los gobernantes latinoamericanos para inyectarles esperanza a sus poblaciones ante problemas como la pobreza y la delincuencia.

Ejemplo de esto es la reforma constitucional promovida por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez en 2007, que aunque fue rechazada en las urnas, le sirvió al mandatario para recordar que su revolución bolivariana requiere de más modificaciones legales para terminar de reivindicar los derechos del pueblo, luego de nueve años de gobierno y de una nueva Carta Magna que él mismo impulsó en 1999.

Asimismo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, promovió una reforma constitucional en su país (aprobada en septiembre con 64% de los votos), para acabar con los problemas que agobian a la población e instaurar su revolución ciudadana.

Pese a esta aceptación popular, opositores y académicos ecuatorianos afirman que más que darle poder a los ciudadanos, la nueva Carta Magna de Ecuador le otorga mayores poderes de control al presidente.

Como sea, estos dos casos, así como la crisis política que vive Bolivia por el debate del proyecto de Constitución que impulsa el Gobierno de Evo Morales, y que sus opositores rechazan, ponen en evidencia, según analistas, el auge del que gozan los cambios legales en los Estados.

"Desde la sanción de la Constitución venezolana de 1999 se cuenta en América Latina con una nueva panacea para combatir la pobreza, eliminar el atraso y alimentar a los más desfavorecidos: la reforma constitucional", dijo Carlos Malamud al portal de análisis Infolatam.

Por su parte, Eduardo Cifuentes, especialista en derecho de Colombia explicó al Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, que el interés de sociedades como la venezolana, la ecuatoriana o la boliviana por modificar sus leyes se debe a "que en la región reina el fetichismo constitucional, la creencia un poco naif de que con una gran reforma se puede crear el momento político necesario para construir una sociedad y un Estado estable e igualitario".

Sin embargo, especialistas señalan que ninguna Carta Magna garantiza la solución de los problemas de ningún país. Lo que se requiere, explican, es la aplicación efectiva de la ley.

De lo contrario, acota el profesor Zachary Elkins al diario El Tiempo, se corre el riesgo de que ocurra lo que comúnmente ha pasado en Latinoamérica: que la población, al no ver soluciones para sus problemas y al ver agravados males como la corrupción, pierda el respeto por las constituciones, las desechen con facilidad, y ponga en peligro el Estado de Derecho. El mismo que existe por una real separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y que vulneran textos modificados como los de Venezuela y Ecuador.

Alejandra Romero Beaujon
EL UNIVERSAL