Todo sucedió en menos de 24 horas. Un grupo de sicarios asesina a un líder estudiantil del estado Zulia propinándole más de veinte balazos. Un joven se autosecuestra y es asesinado a puñaladas por sus cómplices, quienes luego queman el cadáver. Aparecen unos brazos flotando en el río Guaire, se presume que las víctimas participaron en el acto relacionado con el impío busto al cabecilla de la banda de verdugos que son las FARC; se conoce a los sospechosos pues han repetido la operación con anterioridad. Con toda probabilidad, ese mismo día alguien fue víctima de un secuestro Express, algún preso fue asesinado con alevosía o pudo haber sido secuestrado un niño.

No son simples crímenes. Son hechos de una sordidez tal que deberían pertenecer a expedientes excepcionales y viciosos que se producen cíclicamente en todas las sociedades. Pero, tal y como lo comprueban los hechos antes narrados, lejos de de ser historias aisladas, éstas son las circunstancias con las que el venezolano debe convivir todos los días. La miseria, la impudicia, el desprecio a las reglas más elementales de convivencia, se han convertido en nuestra cotidianidad, en las cosas que deben explicar u ocultar los padres a sus hijos.

Mientras se escriben estas líneas no ha pasado todavía una semana de los asesinatos y la velocidad de los hechos, así como el parte de muertes de fin de semana, dan la impresión de que ya ha transcurrido mucho tiempo. Hay cierta sensación de olvido. Pero esta indiferencia está enmarcada en un contexto político que la promueve. Una vez más, la decadencia institucional juega en contra del ciudadano. La orden de cuartel que dio el presidente para investigar el caso del estudiante es elocuente, pues implica un estado de subordinación a una disposición determinada (a un estado de ánimo, inclusive) de quien controla todos los poderes. Para realizar una tarea que debería efectuarse de forma expedita y rutinaria, el presidente tiene que inmiscuirse. Queda implícito que, de no haber un llamado de la presidencia, sería poco probable que se realizara una investigación seria. Más aún, el hecho de que haya tal pronunciamiento desde Miraflores levanta suspicacias sobre la verdadera intención del mensaje y la dirección que tomarán las pesquisas. Simplemente, tal orden no se necesitaría en un estado con instituciones sólidas e independientes.

La situación es más chocante aun cuando se observa que luego de la, en apariencia, sentida declaración sobre el estudiante, la conducta presidencial ha sido la de quien está en una enloquecida fiesta. En lugar de focalizarse en algún tipo de política seria para combatir la criminalidad atroz, se ha concentrado en proseguir la burla a los venezolanos amenazando a la población que elija a gobernadores y alcaldes que no sean objeto de sus caprichos o inventando la irresponsabilidad esa de crear un banco junto a Irán, Rusia y China. Estos hechos son, en sí mismos, una muestra de la ofensa a la que estamos sometidos los venezolanos, pero son más graves aún cuando las respuestas al luto nacional que debería embargarnos a todos, y en especial al Gobierno, son las declaraciones y actitudes desentendidas de toda prudencia y sensatez de un gobernante a quien sólo le interesan lo seres humanos en la medida en que puedan usarse para mantenerse en el poder, tal y como la banalidad con la que se han abordado los obscenos crímenes de la semana pasada lo corrobora.

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